8/12/17

Teodora y “las 17”: salvadoreñas presas por perder a sus hijos por problemas médicos en el momento de dar a luz


Hoy desde Huacal queremos denunciar una terrible situación que se da en El Salvador del siglo XXI: Al menos 31 mujeres están en prisión en El Salvador por “homicidio agravado”, acusadas de acabar con la vida de sus hijos tras el parto. El país centroamericano es uno de los seis en el mundo que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia. 

Esta es la historia de Teodora y “las 17”: salvadoreñas presas por perder a sus hijos por problemas médicos en el momento de dar a luz. Un artículo de Alberto Pradilla para Plaza Pública y publicado también en el diario Público:

Teodora del Carmen Vásquez de Saldaña, de 34 años, cumplió diez de prisión el pasado 13 de julio. Una década entre rejas acusada de haber matado a su hija recién nacida. Esta mujer lleva casi 3,650 días encerrada por un delito que siempre ha negado. Su parto, dice, fue espontáneo y el feto nació muerto. Teodora cuenta con el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que han lanzado campañas exigiendo su libertad.

El próximo 8 de diciembre, esta mujer humilde, que trabajó desde muy niña, madre de otro hijo al que apenas ve porque desplazarse hasta la cárcel es muy costoso, tiene otra oportunidad. El Tribunal de Segunda Sentencia del Centro Integrado de Justicia Penal Doctor Isidro Menéndez, de San Salvador, El Salvador, revisará su causa. Una última opción de abandonar la prisión de Ilopango antes de los 30 años a los que fue sentenciada. Una oportunidad para eludir la pena ya escrita que dice que recuperará la libertad cuando cumpla 54 años.

Vásquez forma parte del grupo de “las 17”, como han dado en llamar en El Salvador a las mujeres sentenciadas por “homicidio agravado”, que es como se tipifica la acusación de, supuestamente, acabar con la vida de sus hijos al momento del nacimiento. Sin embargo, ellas alegan haber sufrido complicaciones obstétricas, problemas médicos al dar a luz. Se les conoce como “Las 17” porque esos eran los casos de los que se tenían constancia al momento de comenzar la campaña en 2014, cuando se presentaron otras tantas solicitudes de indulto al Congreso.

En realidad, son al menos al menos 31 mujeres las que guardan prisión por casos similares, según datos de La Colectiva Feminista, una agrupación salvadoreña que defiende los derechos de la mujer. En las últimas dos décadas, más de un centenar de mujeres fueron procesadas en El Salvador, uno de los seis países del mundo en los que el aborto está completamente prohibido bajo cualquier circunstancia. Aunque la mujer haya sido violada o su vida corra peligro. Los otros son Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Malta y El Vaticano.

“Mi bebé ahora tendría diez años, pero las cosas no siempre salen como una espera”, reflexiona Vásquez desde la cárcel de Ilopango, a 12 kilómetros de San Salvador, la única prisión exclusiva para mujeres en ese país. Es jueves por la mañana, falta un día para que cumpla una década entre rejas, y toca talleres. Reclusas de diversos módulos se reúnen en un patio para preparar la escenificación del musical “Mamma mía” y elaborar el decorado. Colabora con ellas la oenegé Tiempos Nuevos Teatro (TNT), que desarrolla diversos programas en prisión. La estancia es colorida, tiene plantas y una sensación diáfana, todo lo contrario a las celdas superpobladas en las que se hacinan diariamente. La cárcel tiene capacidad para albergar a 800 privadas de libertad, pero su población real es de 2,800.

Se trata del centro penitenciario más hacinado de El Salvador. Cuando pase la mañana, regresarán a ese entorno hacinado y hostil en el que permanecen la mayor parte del tiempo. No, las cosas no siempre salen como una espera.

Vásquez vuelve a recordar aquel 13 de julio de 2007, una historia que ha relatado infinidad de veces a periodistas, jueces, policías, abogados, activistas. Se encontraba trabajando como limpiadora en el Liceo Canadiense. Estaba embarazada de nueve meses. A las 14:00 horas no sentía dolor alguno. Sabía que le tocaría dar a luz en cualquier momento; estaba pendiente. Una hora después, su jefe la envió al mercado a hacer unos mandados. Iba con varias compañeras. Fue entonces cuando comenzaron los dolores.

“Regresé sobre las 18:00 Me dolía la espalda. No podía enderezarme. Pensé que ya iba a nacer”, explica. Se sentó en una silla, solicitó un celular y llamó al 911 en varias ocasiones. Al menos, cinco o seis veces. No llegó nadie. Empezó a llover. “Me sentía frustrada porque no llegaba nadie”, afirma.
Pidió dinero a su jefe para ir al hospital; este le entregó US$20. Sola, sentada en una grada, con la bolsa preparada para ir al centro médico, esperaba que llegaran por ella. Y nada.

A las 20:00 horas, sintió ganas de orinar, fue al servicio -en el que no había luz-, se bajó los pantalones y los calzones y sintió que “algo cayó”. Se desmayó. Tambaleándose, regresó a la grada, dejando un resto de sangre del que ni siquiera era consciente. Un empleado del lugar, ya fallecido y que se convirtió en principal testigo en su contra, encontró el feto y llamó a la policía.

—¿Por qué lo hiciste? —le preguntó uno de los agentes que la rodeaban.

—Has matado a tu bebé. —Le sentenció

—No lo he hecho, —respondió ella.

—Me desmayaba a cada rato. Me subieron al carro y me esposaron, —recuerda.

 

Un país jurídicamente conservador

El Salvador es un país profundamente conservador en términos jurídicos. La reforma de su Constitución de 1999, promovida por el partido derechista Arena, “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”. Este es el punto de vista en el que se apoyan los sectores más conservadores y religiosos, que son muchos, para exigir que se persiga cualquier tipo de interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo. Es un argumento que puede escucharse igual en Centroamérica, Europa o Estados Unidos. Da igual que esta posición no esté ni siquiera compartida por la comunidad científica y que tenga más de debate filosófico. Se trata de uno de los mantras de los grupos que se llaman a sí mismos “pro vida”. La Constitución Política de Guatemala hace la misma referencia al igual que la de Alemania. Lo que diferencia al caso salvadoreño es la aplicación de estas tesis en el Código Penal.

En 1998, la Asamblea Legislativa de El Salvador reformó este código, para eliminar las causales (malformaciones graves, violación, peligro de muerte para la madre) que desde 1974 regulaban la interrupción voluntaria del embarazo, e incrementar las penas. Desde entonces en ese país se persigue a la mujer que aborte, con penas de entre dos y ocho años de cárcel. Se persigue al personal sanitario que colabore, con hasta cinco años de prisión. Se persigue a quien no denuncie a un tercero. También se incluyó el delito de “homicidio agravado”, que es el que se aplica a mujeres que aseguran haber sufrido complicaciones en el parto, y que tiene penas de hasta 40 años. Como explica Dennis Muñoz, abogado de la plataforma por la despenalización del aborto: “es una guerra contra las mujeres”.

Actualmente sólo existe una mujer condenada por aborto, aunque se encuentra en libertad condicional. La acusación contra las que ahora están en prisión es de “homicidio agravado”. El abogado de Teodora denuncia que son estigmatizadas. Que se les juzga como si fuesen culpables antes incluso de presentar pruebas. Según Muñoz, “existe una presunción de culpabilidad” y no de inocencia, como dicta la doctrina jurídica. Víctor Hugo Mata, abogado defensor de Teodora Velásquez, añade el elemento de clase. “El derecho penal agarra más a la gente pobre que a la clase media o la rica”, dice. Ninguna de las mujeres en prisión por problemas obstétricos tenía una posición económica acomodada.

Teodora Vásquez, dicen sus abogados, es un ejemplo de esta condena previa.

“En el hospital pasé una noche. Estaba esposada por un pie. Un policía me llamaba ‘perro’ y me insultaba. Me trató muy feo. Yo me sentía impotente”, cuenta Teodora. Del hospital fue trasladada a las bartolinas del juzgado, donde permaneció 12 horas. Antes, los agentes habían avisado a la prensa. La grabaron. La expusieron. Mientras otras reclusas se preparaban para darle una paliza, porque ya habían sido advertidas por la televisión, su familia (padre, madre, hijo), se enteraba de que estaba detenida y que le acusaban de matar a su recién nacido. Ella apenas había tenido tiempo para darse cuenta de la situación en la que se encontraba. De estar esperando su segundo hijo pasaba a encontrarse a las puertas del penal.

Dos versiones, un prejuicio y una autopsia contradictoria

“Me hicieron una audiencia. Me pedían 75 años de cárcel”, recuerda Vásquez.

En este punto, una mujer que acaba de perder a un hijo, confusa y débil, con problemas de salud (nunca se determinó cuánta sangre había perdido), se encuentra sentada ante el juez que, en un primer momento, decidirá si la envía o no a prisión. La fiscalía la acusaba de la muerte de su hija recién nacida. Necesita un abogado. Consigue a uno por US$400, pero no le sirve de mucho ya que le envían a la cárcel a la espera de juicio. “En la audiencia estuvo presente (el abogado), pero me dijo que si no le daba más dinero, no regresaría”, recuerda. El letrado le preguntó si tenía un carro o terrenos con los que pagarle. Ante la negativa, desapareció y nunca más supo de él.

Siete meses después tuvo lugar la audiencia pública. Como Vásquez no tenía abogado ni podía pagárselo (su padre es agricultor y su madre ama de casa, por lo que apenas disponen de recursos), le asignaron uno de oficio. Este dispuso de once horas para prepararse el caso. Apenas la conoció un día antes. Poco margen para afrontar un caso en el que la acusada se juega media vida.

Los magistrados José Luis Giammattei Castellanos, María del Pilar Abrego Archila y Alejandro Guevara Fuentes, condenaron a Teodora Vásquez a 30 años de cárcel por homicidio agravado. La acusaban de haber dado a luz a una niña, dejarla en el retrete y tirar de la cadena.

Los jueces dieron crédito a la versión de sus acusadores. No creyeron la de la mujer penada que asegura que ella quería tener al bebé, que se trató de un problema obstétrico, que no tuvo ayuda para dar a luz, que se desmayó y perdió la conciencia.

La autopsia es la clave para determinar la causa de un fallecimiento, especialmente si no existen testigos directos de lo sucedido que puedan aportar en el juicio. En este caso, hay diferencias entre lo que se firmó en un primer momento y lo que se afirmó en el proceso legal, ocho meses después. En su primer estudio, el doctor Alfredo Adolfo Romero Díaz, aseguró que la causa de la muerte de la bebé era la “asfixia perinatal”. Es decir, un accidente por el cual la recién nacida deja de recibir aire antes, durante o después del parto. Luego, prosigue: “El estudio microscópico del tejido pulmonar reporta los espacios alveolares hay retención de líquidos, los vasos sanguíneos se encuentran congestionados. Condiciones que son sugestivas de que el recién nacido nació vivo y posteriormente fallece por una asfixia perinatal”.


Según esta autopsia, la madre quedaría exonerada del delito.

A pesar de ello, durante el juicio celebrado en 2008, Romero añadió elementos a su declaración. Ante la sala, ratificó lo recogido en la autopsia pero añadió que, a su parecer, “se demuestra que el bebé respiró al nacer, que en el presente caso se trata de una asfixia mecánica y se encontraron signos de asfixia por sumersión”.

El abogado Víctor Hugo Mata, que representa a Vásquez en la vista de revisión, cree que existe una “contradicción” que no puede utilizarse para condenar a su cliente. “Le ha agregado otro elemento que no sustenta científicamente. Hay un mal procedimiento. Ella no fue de ninguna manera, no hubo dolo homicida”, argumenta. Aprovecha para explicar que este es un caso que, por desgracia, se repite. “Este es un cuadro típico. Hay un 15 por mil de partos intempestivos, partos abruptos, no son abortos. Se trata de partos en una forma involuntaria. Las mujeres, al ir al baño, cuando están allí, les sale en bloque todo. Y ella en este momento, por el desgarro, cae desmayada”, dice.



Este es uno de los argumentos que el letrado utilizará en la vista del 8 de diciembre. Según explica, uno de los comunes denominadores en estos casos es que, a pesar de no existir pruebas concluyentes, bastan los indicios para imponer altísimas penas de prisión.

Que los magistrados hayan aceptado revisar el caso ya es una pequeña victoria, indica Mata. Su defensa está basada en siete puntos, los mismos que presentaron ante el Congreso salvadoreño para reclamar el indulto. Entre sus argumentos, poner en cuestión las “contradicciones” de la autopsia y denunciar que Vásquez no tuvo presunción de inocencia, que venía con la sentencia escrita de antemano. Sobre la posición que pueden tomar los jueces, el abogado explica que existen tres opciones: que se ratifiquen en su sentencia previa, que duden y cedan la decisión a otro tribunal o que sean ellos mismos los que enmienden su propio fallo.

[Texto completo en Plaza Pública]

3/12/17

El sitio arqueológico prehispánico de Cihuatán


Cihuatán es considerado como uno de los mayores sitios arqueológicos de El Salvador, con una extensión estimada en unos tres kilómetros cuadrados. Se encuentra situado en una loma y un área rodeada por ríos en las cercanías del volcán de Guazapa. El parque arqueológico comprende un área de 75 hectáreas.

Está ubicado en el municipio de Aguilares en el departamento de San Salvador. La ciudad fue construida y habitada entre los años 900 y 1200 d.C. Sus habitantes eran indígenas mayas, pero es posible que hubiera otros grupos étnicos en la ciudad y la arquitectura y artefactos demuestran enlaces fuertes con Centroamérica y el sur de México, sobre todo Veracruz y Puebla.


En su área residencial pueden identificarse barrios que rodean el centro de la urbe. En total los barrios son siete, probablemente hay otros más. Cada uno tiene su grupo de edificios ceremoniales. El centro de Cihuatán se divide en la Terraza Oeste (la cual era posiblemente el mercado principal de la ciudad), un centro ceremonial y una Acrópolis. La Acrópolis, ya bajo investigación por los arqueólogos de FUNDAR, consiste en un palacio, uno o dos palacetes, un "Gran Salón", y una serie de terrazas al poniente, además de una serie de montículos y una plaza de función religiosa y otras estructuras todavía no investigadas.



Además del centro ceremonial oriente está el centro ceremonial Poniente, donde se han realizado la mayoría de investigaciones. Esta comprende dos juegos de pelota, la pirámide principal -P7, un posible palacio al lado sur de la pirámide principal P-7), así como varias estructuras que eran utilizadas para propósitos ceremoniales; el centro ceremonial poniente se encuentra rodeado por un muro. Las estructuras centrales del centro ceremonial se encuentran entre dos terrazas y el juego de pelota oeste se esparranca el muro.


A la cerámica hecha en Cihuatán se la denomina Fase Cihuatán la cual pertenece a la fase o cultura Guazapa, y se encuentra en gran parte de lo que hoy son los departamentos de San Salvador, La Libertad y Cuscatlán. Las cerámicas principales de la Fase Cihuatán son locales, pero unas vajillas importadas incluyen la cerámica Tohil Plomiza y la cerámica Nicoya polícroma.



Cihuatán fue deshabitado entre los años 1050 y 1100 dC, probablemente debido a las guerras y conflictos de la época , al final la ciudad fue quemada y lo mismo sucedió con las otras ciudades centrales bajo el dominio de Cihuatán (Las Marías, Santa María, Mucuyo, Monte Redondo, La Esmeralda, etc).

Más información a la web del Parque Arqueológico de Cihuatán 

26/11/17

Museos que cuentan lo que decidieron olvidar las aulas

 

Artículo de Mneesha Gellman publicado en El Faro. 

Los proyectos de memoria no sólo documentan la verdad, sino también abarcan agendas más amplias que incluyen la infusión de la memoria en la cultura política. Instituciones como El Museo de la Palabra y la Imagen, y sitios de memoria como Perquín y El Mozote, establecen en El Salvador mecanismos de diálogo y abren espacios de reflexión que contribuyen a corregir las distorsiones y silencios de la historia oficial.


La memoria contiene historias que utilizamos para contar nuestras vidas, y reflejan cómo tomamos decisiones acerca de nuestro comportamiento político y social. Los recuerdos también juegan un papel tangible en proyectos de cultura y por lo tanto se convierten en sitios de conflicto. Por ejemplo, en los materiales redactados como libros de texto de historia, ciertos recuerdos son considerados “oficiales” y por lo tanto juegan un papel importante en el desarrollo de la identidad durante la infancia y la formación de ciudadanía.

En El Salvador, las recientes revisiones de libros de texto han generado debate sobre la importancia de la memoria histórica en la democratización. Las memorias colectivas contienen las maneras de saber y ser que la gente usa para reforzar su identidad y su comunidad. Estas memorias proporcionan gran parte del fondo tangible y fondo intangible de nuestra vida cotidiana. En parte, esto se debe a que la memoria se representa en símbolos y las personas utilizan una variedad de símbolos para vincular las realidades personales a las comunales a través de tiempo.

Por lo tanto, la interpretación de la memoria que hacen los sobrevivientes de la guerra a través de narrativas sobre sus experiencias de violencia es lo que une la violencia histórica a la ciudadanía contemporánea. En sus estudios sobre los movimientos de derechos humanos en Argentina, Elizabeth Jelin señala que los proyectos de memoria no sólo se ocupan de la documentación de la verdad, sino también abarcan agendas más amplias que incluyen la infusión de la memoria en la cultura política. La facilitación de los enlaces entre proyectos de memoria y la política sirven aquí como un ejemplo de las limitaciones que el tipo de régimen de El Salvador enfrenta para abordar la cultura del silencio y el diálogo. El Salvador encara desafíos en cuanto a la narración de la memoria, y la historia podría ser utilizada para fortalecer la legitimidad política.



La guerra silenciada

La Comisión de la Verdad de El Salvador, establecida por los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992, registra casi 14,000 violaciones de los derechos humanos en su informe, que fue publicado por un comité de la ONU en 1993. Una semana después del lanzamiento del informe de la Comisión de la Verdad, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de amnistía que incluye todos los delitos relacionados con la guerra. Por lo tanto, los procesos de la verdad y reconciliación en El Salvador han sido limitados por la amnistía, declarada nula el pasado mes de julio. Por ejemplo, después de la Comisión de la Verdad en El Salvador se purgó a una gran parte de los militares, pero el tema de la guerra no apareció en la historia oficial en una manera que enfatiza la injusticia estructural en el país, ni en los libros de texto de historia utilizados en el sistema de educación pública en El Salvador.

Los tomos Historia 1 y 2, elaborados en 1994, presentan una imagen de la guerra que conforma la imagen del gobierno del momento. Con la creación del libro Historia Mínima, presentado por la Secretaría de Cultura en 2011, durante el período del Presidente Funes, con ocasión del bicentenario de la independencia del país, ahora hay una presentación de la historia salvadoreña para el público en general, pero no se está usando en las escuelas. Dadas las limitaciones del sector de educación, es interesante considerar espacios informales en la sociedad civil donde la educación sobre la historia –la formación de las memorias colectivas– pueda durar.



El Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) fue fundado a finales de 1990 en San Salvador por Carlos Henríquez Consalvi, “Santiago”. Consalvi fue la voz de Radio Venceremos, una emisora clandestina de radio del FMLN que difundía información durante la guerra, y ha continuado en su misión de informar a través del MUPI, donde tiene exposiciones y un valioso archivo mayormente de libros relacionados con la guerra, además de artículos, fotografías y grabaciones en vídeo y audio.
El MUPI, tanto como los libros de historia, es extensión de ciertas relaciones de poder que determinan cuál información se presenta y la forma en que se contextualiza. Los contenidos del MUPI abordan diferentes aspectos de la guerra, sus antecedentes y el periodo después, pero todo está relacionado al planteamiento principal de que la información y el diálogo son claves para el empoderamiento de la sociedad salvadoreña. El museo incluye exposiciones sobre la vida de Monseñor Romero antes de convertirse en el arzobispo de San Salvador, los libros de Salvador Efraín Salazar Arrué, “Salarrué”, el primer escritor salvadoreño que abordó la masacre del año 1932 de indígenas y obreros, y exposiciones sobre las mujeres organizadas en las luchas sociales durante la guerra civil.

El MUPI también ha inaugurado una exposición sobre la migración que trata los motivos para irse al norte, los peligros y los derechos de los migrantes. La exposición vincula la discusión de la migración con los problemas que enfrentan las personas que se quedan, y es una poderosa conexión entre temas históricos, como la exposición de un niño salvadoreño que se unió a la insurgencia durante la guerra, y los factores contemporáneos salvadoreños que impulsan a la gente a tomar los riesgos de la migración para posiblemente mejorar sus condiciones de vida.

A pesar de que las exhibiciones del MUPI presentan historias subalternas que desafían la invisibilización del pasado promovida por gobiernos anteriores, la llegada del FMLN al poder en 2009 ha resultado en nuevos espacios para que organizaciones de la sociedad civil como el MUPI podrían insertarse como actores claves en este tema. Al vincular la agenda de MUPI con el sector de la educación formal, Consalvi ha conseguido una alianza estratégica con el del Ministerio de Educación (MINED) a través del Departamento de Educación en Arte, Cultura, Deportes y Recreo para excursiones escolares al MUPI. En este programa, iniciado en 2011, el personal de MUPI facilita talleres con los estudiantes sobre una variedad de temas relacionados con la memoria, exponen material audiovisual producido por MUPI y dan visitas guiadas del museo a los alumnos. Esta colaboración llevó a más de 1,000 estudiantes de 25 escuelas al MUPI en 2013, y más de 11,000 estudiantes participaron en los ‘Días Culturales’ con personal de MUPI que llega a sus centros escolares.

De esta manera el proyecto sobre memoria del MUPI se ha integrado a los programas escolares a través de visitas de campo y una mayor conciencia de los docentes sobre los temas abordados, así como un nuevo espacio de diálogo entre alumnos sobre la guerra, la historia nacional, la cultura indígena y la importancia de la memoria. Aunque aún no se ha medido de manera sistemática el impacto del programa del MUPI en la cultura de diálogo, su enfoque multimetodológico está generando más oportunidades de las que existían anteriormente para los alumnos, docentes y padres y madres de familia, quienes tienen la oportunidad de conocer nuevos temas juntos y luego conversar sobre ellos.



El diálogo no oficial

Aunque el MUPI juega un papel protagónico en el movimiento de memorialización en El Salvador, no es el único proyecto. Hay varios museos independientes sobre la guerra y la paz en otras partes del país, especialmente en las zonas como Perquín y El Mozote. En Perquín, los monumentos conmemorativos a los mártires son explícitamente de izquierda, dirigidos por excombatientes del FMLN, y carecen de la agenda cultural más amplia que el MUPI tiene como parte de su misión de compartir la historia de la guerra. El Estado también ha establecido monumentos que cuentan historias sobre la guerra desde la perspectiva del Estado, mientras que comunidades como la de El Mozote han creado monumentos independientes para reconocer las masacres de la época de la guerra.

Hay una pluralidad de voces que enmarcan el recuerdo, de acuerdo con diferentes agendas ajenas al sector de la educación formal en El Salvador. Esto significa que hay una representación de varios tipos de memoria sobre la guerra. Los factores de ubicación, acceso a los recursos y grado de poder político dan forma a la visibilidad de cada memoria representada. Las formas de recordar en El Salvador muestran que hay un discurso activo entre la sociedad civil y el Estado, aunque con muchas diferencias de poder. El discurso sirve como interlocutor con los recuerdos de los visitantes a museos como MUPI, y fomenta una ciudadanía activa.

Los sitios alternativos de memoria juegan un papel importante en el periodo post-conflicto y la democratización de los países, en que los ciudadanos buscan encontrar el equilibrio entre el recuerdo y el olvido, lo cual les permitiría estar empoderados sin vivir con el trauma del pasado. El MUPI es ejemplo de una forma de romper la cultura del silencio y desinformación oficiales que podrían afectar a las futuras generaciones. Los niños de edad escolar, los docentes y padres y madres de familia que acompañan las visitas al MUPI entran en contacto con narrativas alternativas que posiblemente no se encuentren de otra manera.

Por otra parte, durante las discusiones facilitadas por los docentes, se les dará la oportunidad de practicar participación cívica en un diálogo respetuoso sobre temas previamente considerados delicados o controversiales. Los estudiantes que visitan el MUPI pueden hacer referencia a la presentación alternativa de la historia mientras conocen la historia oficial representada en los libros de texto o en otros materiales o espacios de conmemoración. Los que están en otros niveles escolares de manera similar pueden utilizar las exposiciones del MUPI para llenar los vacíos y compensar los espacios de silencio que penetran el sistema educativo salvadoreño.

El vuelco histórico de la Suprema Corte Salvadoreña de la ley de amnistía el 14 de julio de 2016 también puede marcar un punto de inflexión en el diálogo sobre el pasado violento. Utilizada para suprimir cualquier enjuiciamiento de los violadores de los derechos humanos desde la liberación del informe de la Comisión de la Verdad en 1993, la ley de amnistía también ha servido como una orden de silencio en el discurso público. Las vías para nuevas formas de recordar y educar sobre el pasado son más abiertas ahora y merecen más atención.

15/11/17

El Taburete, café orgánico de Usulutan

Hace unas semanas visitamos a la Asociación Coordinadora de Comunidades Unidas de Usulután (COMUS) y pudimos disfrutar en persona del aroma y sabor del café orgánico El Taburete.

Producido en las faldas de el Cerro El Taburete, departamento de Usulután ubicado en la zona oriental de El Salvador,  hasta 950 msnm, por pequeños productores/as de las comunidades rurales y sus familias, pioneros en la agricultura orgánica.

Por su calidad, usando técnicas que ayudan a mantener la biodiversidad, un suelo saludable y proteger los mantos acuíferos. su producción en armonía con el medio ambiente y su garantía de un producto saludable, Café El Taburete es reconocido y preferido por muchas personas que han tenido el placer de disfrutarlo. 

Desde Huacal queremos animar a todos nuestros amigos y amigas a probarlo por su aroma y sabor especial, que se caracteriza por su suavidad y baja acidez, y al mismo tiempo, sabiendo que se está  contribuyendo al desarrollo social  económico de las comunidades rurales salvadoreñas y reconociendo su compromiso social.

Más información a la web de El Taburete, café orgánico de Usulutan

 

7/11/17

Palma Dorada al cortometraje salvadoreño “Prudencia Ayala presidenta”

El Festival Internacional de Cine de México 2017 entregó la Palma Dorada al cortometraje salvadoreño “Prudencia Ayala presidenta” que fue producido por el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI).

La historia se centra en la vida y obra de Prudencia Ayala pionera en la lucha por los derechos femeninos en El Salvador, con voz de Lorena Juárez, Ana Elizabeth Gutiérrez en posproducción, Marvin Ascencio en diseño de fondos, y Camilo Henríquez desarrolló sonido y mezcla.
Este corto es una producción del Museo de la Palabra y la Imagen, dirigida por Carlos Henríquez Consalvi, y la animación a cargo de Ricardo Barahona y Pablo Zoldaña.

De acuerdo a los organizadores del Festival, el jurado consideró las propuestas fílmicas de numerosos cineastas y narradores internacionales que representan a diversos países  del mundo y luego  de varios meses de escrutinio presentaron a los seleccionados.




Más información sobre el reconocimiento y la  Palma Dorada en los siguientes enlaces:

Noticias TVES

Cinemateca

ElSalvador.com

30/10/17

Huacal estuvo en El Salvador


Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI)

Así ha sido y así se lo acabamos de contar... durante los meses de septiembre y octubre del 2017 un representante de Huacal estuvo visitando El Salvador para coordinar las diferentes acciones y proyectos que realizamos en este país con Tiempos Nuevos Teatro (TNT) o la Asociación de Comunidades Unidas de Usulután (COMUS), pero además hemos aprovechado este viaje para reunirnos con otros colectivos e instituciones amigas.

En concreto, con el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI), con Asociación Pro-búsqueda, con APROCSAL (Asociación de Promotores Salvadoreños), con el Foro Nacional de Salud, con la Red Ciudadana de Mujeres de Morazán y con la Unión Médica Salvadoreña por la salud y vida de las mujeres. Les dejamos con algunas imagenes: 

Asociación de Promotores Salvadoreños (APROCSAL)
Asociación PRO-BÚSQUEDA
Red Ciudadana de Mujeres de Morazán
 

23/10/17

Visita de Huacal a Tiempos Nuevos Teatro (TNT) en Chalatenango


 
Como comentabamos en anteriores entradas, Huacal estuvo durante los meses de septiembre y octubre en El Salvador visitando nuestras organizaciones hermanas y compartiendo las novedades de los proyectos que realizamos conjuntamente.

En este marco, y como en anteriores años, se han realizado varias reuniones con los equipos directivos, técnicos y artísticos de Tiempos Nuevos Teatro (TNT) en el municipio de San Antonio Los Ranchos en el departamento de Chalatenango. Desde Huacal no dejamos de asombrarnos positivamente del gran trabajo que desde hace casi 25 años realiza esta organización en Chalatenango y nos alegramos en ver como generaciones de jovenes salvadoreños se incorporan en TNT y desarrollan sus proyectos comunitarios mejorando la educación, la cultura y la calidad de vida en estas tierras.

16/10/17

Huacal se reune con COMUS en Usulután



Tal como explicabamos en el post anterior, Huacal se encuentra en El Salvador y la semana pasada se reunió con la Asociación coordinadora de comunidades unidas de Usulután (COMUS), nacida en el año 1990 para responder a la necesidad de crear un programa de desarrollo rural integrado en comunidades con alta vulnerabilidad, Su objetivo principal es buscar el desarrollo rural integrado de las comunidades a través de un proceso de fortalecimiento y participación activa, consciente y gradual, logrando la cohesión activa de la población para transformarse en sujeto de su propio cambio.

Sus beneficiarios comprenden aproximadamente 4.000 familias rurales del departamento de Usulután en El Salvador, impulsando la participación y la responsabilidad social en el desarrollo de las actividades.


Durante este encuentro aprovechamos, además de reunirnos con la dirección de la entidad, para visitar sus oficinas en San Francisco Javier,  reconocer el Cento de negocios y servicios de granos básicos de la zona oriental y ver el centro de elaboración del café orgánico El Taburete, café que se produce sin usar productos agroquímicos sinteticos (ni fertilizantes, ni plaguicidas), en su lugar, se emplean abonos elaborados con desechos y materia orgánica (abono organico), tambien se hacen fermentados de plantas y sales minerales (abonos foliares) y se efectúan labores de conservación de suelos...

También pudimos conocer una de las tiendas de la red de tiendas El Taburete donde se comercializan más de 500 productos de la canasta básica alimentaria y canasta de mercado. Actualmente, estas tiendas ya se encuentran en 10 comunidades. Podeís conocer más en detalle la red  gracias al siguiente video:


8/10/17

El día cuando los ofendidos de El Mozote callaron a los militares



La primera fase de los testigos del juicio por la masacre de El Mozote terminó. De los 17 testigos originales, 10 ya han ratificado lo que denunciaron a inicios de los 90, ante el juez de San Francisco Gotera. Pese al horror de los relatos, los abogados de los militares acusados insisten en convertir a las víctimas en guerrilleros. Pero hay testimonios que tienen el poder de decirles: "callad, callad, oíd".

 Me habéis golpeado azotando
la cruel mano en el rostro
(desnudo y casto
como una flor donde amanece
la primavera)
—Roque Dalton, El turno del ofendido

Genaro Sánchez Díaz iba todos los días a la casa de su madre, Gregoria, pero aún no sabe por qué no fue el 11 de diciembre de 1981. “Quizá ya Dios”, busca explicárselo. Era viernes, el segundo día de la 'Operación Rescate' del Ejército salvadoreño. Aquel día, interrumpir su rutina le salvó la vida, y por eso Genaro Sánchez ha podido acudir, 36 años después, a otra audiciencia para ampliar su declaración en el caso 238-1990, conocido como la masacre de El Mozote y lugares aledaños.

Sánchez era en aquel entonces un agricultor de 49 años, residente –al igual que hoy- en el cantón La Joya del municipio de Meanguera, Morazán. Dice que cuando los soldados llegaron, su nombre estaba en listas de búsqueda, los cuadernos del ejército que llevaban los nombres de los perseguidos. Sánchez culpa a “orejas”, informantes del gobierno que vivían o se infiltraban en las comunidades, de conocer detalles precisos sobre su ubicación y sus movimientos.

Además de él, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, este 28 de septiembre declara también una mujer de 68 años, que carga con una voz apenas perceptible, pero con un mensaje que nadie le podrá contestar. Sánchez y Chicas son parte de un grupo valiente de campesinos que en 1990, con la guerra viva y los militares aún entronizados, decidieron empezar un juicio por la masacre que arrasó con unas mil personas, en cuatro caseríos y dos cantones. Este juicio, en el que se utilizan las reglas del Código Penal de 1973, llama a Sánchez y a todos esos ancianos como 'ofendidos', un sinónimo para lo que hoy conocemos como 'víctimas'. El juez de la causa, Jorge Guzmán, los llama 'los ofendidos'. Ellos se sienten ofendidos. 36 años después siguen sintiéndose ofendidos.

Lo primero que hace Genaro Sánchez ante el juez es pedir perdón. “Buenos días, discúlpeme pero ya por la edad no escucho bien algunas palabras”, le dice. Luego explicará porque ha llegado: "mi interés en declarar es por la familia que perdí".

En su relato, Sánchez cuenta que vio helicópteros aterrizando en Arada Vieja, que vio a soldados disparando en La Joya, que escapó con su compañera de vida y cuatro hijos hacia el monte, que en la noche del 11 de diciembre de 1981, Sotero Guevara y Patricio Díaz, llegaron a su casa, llorando porque les habían matado a su familia. Entonces, los dolientes se fueron junto a la familia de Sánchez hacia el río Las Marías, en La Joya. Una semana después, Sánchez fue a la casa de Sotero y encontró los escombros y los cadáveres de Catalina Chicas, Petronila Chicas, Justa Guevara, Jacinta Guevara, Roque Guevara (a quien Genaro llama su hijo), Ambrosio Guevara, Lorenzo Vigil, Aminta Vigil, Pedro Vigil y…

Su relato se vuelve más crudo: “Echamos al hoyo cinco señoras, dos hembras y dos varones. Nueve había. Y Jacinta estaba embarazada de nueve meses (…) Toqué un cadáver para depositarlo en el hoyo y se desprendía la carne. Más abajo, encontramos 16 muertos. Los familiares los enterraron. A un muerto lo cubrieron con piedra laja y con piochas picaron un paredón para que no los comieran los animales”.

Durante su testimonio, Sánchez pide que le repitan las preguntas. El juez Jorge Guzmán toma nota y pide consideración para el ofendido. “Recuerden que estas son personas sometidas a una situación difícil, han quedado marcadas psicológicamente. Debemos respetar y yo voy a estar vigilante”, dice Guzmán, especialmente a los defensores de los militares.
Pero ellos no le hacen caso.


 ***
En la primera tanda de ampliación de testimonios, hace cuatro audiencias, entre los ofendidos también desfiló Irma Ramos Márquez, de Ranchería, que vio a unas 30 personas muertas el 12 de diciembre y vio a perros y cerdos alimentándose de los cadáveres. Luego Hilario Sánchez Gómez, que se escondió en el cerro El Perico con otras 50 personas y vio columnas de soldados incendiando las casas.

En septiembre, declararon María Teófila Pereira, Lucila Romero Martínez, Eustaquio Martínez Vigil, y María Amanda Martínez, cuyos testimonios también detallan la masacre.

Ya declaró también Juan Bautista Márquez, testigo de casi todas las masacres, porque anduvo huyendo con su familia y en su huida pasó por todas las comunidades arrasadas. En marzo, Juan Bautista se rió de uno de los abogados de los militares acusados, cuando este negaba, en sus narices, que la masacre de El Mozote hubiese ocurrido. Los abogados de los militares son como los mismos militares: pese a las pruebas, los testimonios, lo siguen negando todo. “Si a mí me sacaron de la puerta de la casa. Y dice que no hay delito ¿Cómo que no estoy yo? ¿Entonces no es delito ir a sacar a otro de la casa?”, reclamaba Bautista.

Genaro y todos los ofendidos sigue siendo clave en la estrategia de la parte acusadora. Cuando el caso empezó, habían pasado nueve años desde la masacre, y los abogados de los ofendidos diseñaron un plan para enfrentarse al aparato de justicia salvadoreño que consistía en dividir los roles y los papeles de los ofendidos para que entre todos, como en un coro, denunciaran la masacre. Fue así como uno pondría la denuncia: Pedro Chicas Romero. Luego Rufina Amaya, la mujer que habló con periodistas estadounidenses que denunciaron la masacre en 1982, sería la testigo principal. Las historias del resto de testigos cumplirían diferentes propósitos: narrar una por una las masacres en cada caserío y cantón; hablar de las violaciones, de las casas quemadas, de la participación de diferentes unidades militares… El rosario del horror se llenaba de cuentas.

27 años más tarde, esa estrategia se ha visto alterada, entre otros factores por la muerte de los protagonistas. De los 17 ofendidos del reparto original, cinco ya murieron: Pedro Chicas, el denunciante original; Rufina Amaya, la testigo principal; Sotero Guevara, víctima junto a Genaro de la masacre en La Joya; Domingo Vigil Amaya y Raquel Romero, ambos sobrevivientes de Jocote Amarillo.

Hay 12 personas que siguen vivas pero dos no han podido declarar en el juicio por problemas de salud: Rosa Ramírez Hernández y Bernardino Guevara Chicas.

Los otros 10 ratificaron su testimonio ante el juez entre junio y septiembre de 2017. El más longevo, con sus 93 años, es Anastacio Pereira Vigil. Fue el primero en pasar, quizá porque es a quien ya le va quedando menos tiempo para denunciar todo lo que sufrió. Pereira encontró los cuerpos de sus familiares en casa de su hermana, y aseguró que había muchos cadáveres en la iglesia, pero no entró porque no soportaba el olor.
***
En el juicio de El Mozote se persigue al alto mando de la Fuerza Armada, a 18 militares entre los que destaca el ministro de Defensa de la época, el general José Guillermo García, deportado en 2016 de Estados Unidos por haber sido un hombre con mucho poder que violó derechos humanos.  Pero además de ellos, es como si este juicio también sentara en el banquillo a los gobiernos salvadoreño y estadounidense, que durante décadas negaron que en El Mozote hubiera pasado algo.
Para llegar hasta García la estrategia de los acusadores busca comprobar que la masacre de El Mozote fue cometida por varias unidades del Ejército, entre las que destaca el Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl, que seguía las órdenes del Estado mayor. 

La estrategia de los defensores de los militares es la misma con la que muchos militares justificaron, y siguen justificando, la muerte de alrededor de mil campesinos: la vinculación entre esa población y la guerrilla. Sembrar la idea de que los ofendidos eran guerrilleros y que las muertes registradas fueron o producto del enfrentamiento directo o bajas del fuego cruzado. Los defensores de ahora actúan como los militares de antaño.

Hace 27 años, en su denuncia original, el ofendido Genaro Sánchez dijo que se enteró que el Batallón Atlacatl había sido responsable del operativo porque se lo contó Rufina Amaya, la testigo principal. Ahora, Sánchez ha cambiado su versión. Dice que se enteró sobre el batallón Atlacatl porque lo escuchó en Radio Venceremos, una emisora de la guerrilla. 

Los abogados defensores de los militares parecen tiburones que huelen sangre tan pronto como la palabra “Venceremos” termina de salir de la boca de Sánchez. La Radio Venceremos era la frecuencia clandestina de la guerrilla. Entre los supuestos objetivos militares que devino en las masacres, en 1981 el Ejército hablaba de la captura y desarticulación de los miembros de la Venceremos.

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—¿En qué fecha Rufina le dijo que el responsable del operativo había sido el Atlacatl?

Quien pregunta es Rodolfo Garay Pineda, abogado, exdirector de Centros Penales en los gobiernos de Arena, defensor de los coroneles Roberto Garay Saravia y Rafael del Cid Aguirre. En una entrevista con El Faro, en mayo, Garay Pineda dijo que él sigue negando que la masacre ocurrió.

Sánchez no responde a la pregunta de la fecha, pero dice que el Atlacatl hizo un gran desastre. Garay insiste en que Sánchez aclare si recibió la información sobre la autoría del operativo de  Rufina o de la radio. El querellante David Morales, exprocurador de Derechos Humanos, objeta:

—La defensa está haciendo una pretensión indebida. Él ya consignó que algunos puntos no eran como se había dicho.

El juez concede la objeción. Garay Pineda vuelve a su asiento, pero antes dice: “está plenamente establecido que el testigo se contradice”. El abogado viste de una chaqueta verde olivo, camisa blanca y corbata roja. Mira hacia atrás, por encima de su hombro, a otro grupo de hombres que han llegado a la sala. Levanta las cejas y debajo del bigote se asoma una amplia -y arrogante - sonrisa.

Otro abogado, el coronel Adrián Meléndez Quijano, continúa el interrogatorio.

— ¿Sabe dónde está ubicada la radio?
— Era móvil -dice Sánchez

Otro abogado, Roberto Girón Flores:

—¿Vio a quienes andaban con la radio?
—No, solo los meros principales andaban- dice Sánchez.
— ¿Sabe dónde estaba la radio?
—Se movía en Guacamaya, o Arambala -dice Sánchez.

Giron Flores se gira a su público y les regala otra sonrisa. Garay Pineda es más efusivo y parece celebrar un gol: alza las manos y gira en su silla, mientras vuelve a ver a la izquierda, al equipo contrario. “¡Vaya! ¡Vaya!”, repite y se ríe. Por mucho tiempo, quienes niegan El Mozote han dicho que las víctimas eran guerrilleros. Garay Pineda, alguien que dice que El Mozote era “un cementerio de la guerrilla", cree que ese argumento le servirá para desacreditar a Sánchez. Los abogados de los militares, y los militares, siempre han querido convertir a Sánchez y a todos los ofendidos en guerrilleros armados.

El triunfalismo de la defensa comienza a derrumbarse cuando el juez Guzmán le resta crédito a los guiños de los abogados: “Sánchez solo relacionó un conocimiento común sobre la radio”, sentencia.
El turno del ofendido Genaro Sánchez culmina con una última confesión. Luego de que el juez Guzmán le agradece la intervención, Sánchez responde: “Sí, es que es la verdad”.



***

El turno de Lidia Chicas está a punto de suspenderse. El juez Guzmán convoca a un fiscal, un querellante y un defensor a su despacho. La testigo se siente mal: vomita, se ve temblorosa, pero se recompone y todos deciden seguir adelante.

Chicas tiene 68 años, y declaró por primera vez en agosto de 1992. Lleva un suéter y una pañoleta azul amarrada en la cabeza. Camina hacia su lugar para empezar su testimonio, asistida por un hombre que le sirve de bastón.

Habla muy suave y no se acerca al micrófono. Lidia Chicas está nerviosa. Lidia Chicas tiene miedo. A Lidia Chicas le duele contar cómo la ofendieron: “El 13 de diciembre de 1981, como a las 6 de la mañana en el caserío Poza Honda, en Meanguera, vi a un buen número de hombres uniformados de color verde y armados de fusiles y corvos. Desde como las ocho de la mañana, empezaron a matar a las personas que residían en el lugar. Yo oía gritos de las personas y golpes como que estaban cortando matas de guineo, mientras yo estaba escondida en unos matones (matorrales)…”

“Vi cuando mataron a machetazos a  Sinforoso Reyes,  a su esposa Eugenia Díaz, que estaba embarazada, y a cuatro hijos, menores de edad.  Los niños le hablaban al papá y a la mamá. Decían ‘mamita, levántate de ahí’ ¿Y cómo se iban a levantar si ya estaban muertos?”, dice Lidia, en una denuncia pronunciada con un tono demasiado bajo, pero cuyo contenido grita demasiado fuerte.
En la masacre, mataron a los padres de Lidia, Pablo Chicas y Florentina Mejía. Su hermano Omar tenía una cortadura en la cara y los dedos mutilados. Su hermana Agustina estaba en un peñón con la falda hacia arriba y la ropa interior abajo. En la masacre, mataron a tres hermanos menores, su abuela, tres tíos, tías, primas…, en total, 55 familiares.

¿55 dijo? Lo corroboro con otra periodista que también cubre la audiencia. Y sí, dijo 55. Si en la masacre de El Mozote murieron mil personas, el 5 % eran familiares de Lidia. El silencio que ha envuelto a la sala es atroz.

Preguntan entonces los querellantes y los fiscales:

— ¿Por qué dice que fue el ejército quién mató a la gente?
— Porque ellos fueron, yo los vi.
— ¿Quiénes la ayudaron a enterrar a la gente?
— Solo yo con mi esposo.
— ¿Cómo la afecto esto?
— Solo yo quedé con mi hija: yo no tengo nada.
— ¿A cuántos sus familiares le han entregado?
— Ya ni me acuerdo.

Las manos le tiemblan y toma té. Turno entonces para que los defensores pregunten, pero algo pasa. Cuando Lidia termina y los abogados que la representan acaban sus preguntas, nadie en el bando contrario puede decir nada. Están mudos. Ninguno de ellos tiene preguntas. La audiencia termina y los tiburones han perdido sus dientes. Lidia los ha silenciado.

Cuando ocurrió El Mozote, la legislación salvadoreña no asignaba la calidad de “víctimas” a quienes sufrían un delito. Les llamaba “ofendidos”. El poema de Roque Dalton cobra vida:

Ahora es la hora de mi turno
el turno del ofendido por años silencioso
a pesar de los gritos
 Callad
Callad
Oíd

Articulo de Nelson Rauda Zablah


4/10/17

El Ensamble de Cuerdas LiberArte inaugura Festiclown El Salvador 2017


Desde hace unos días un representante de Huacal está en El Salvador en el marco del seguimiento de los proyectos que compartimos con entidades salvadoreñas, trabajando en la coordinación de futuros proyectos y compartiendo encuentros con asociaciones y administraciones varias...

Esta misma noche, hemos participado en un evento muy especial dando apoyo a nuestra entidad hermana TNT (Tiempos Nuevos Teatro) que participaba en la inauguración de la cuarta edición de Festiclown El Salvador 2017.





Por cuarto año consecutivo La I-rreal Compañía de Teatro y Clown, organiza el Festival Internacional de Clown Escénico Festiclown El Salvador 2017 que tiene como fin generar un desarrollo en el quehacer escénico del país, convertir a El Salvador en una plataforma cultural para el mundo y fomentar una cultura de paz  por medio de las artes.

Este año participan agrupaciones artísticas de El Salvador, México, Colombia, Argentina, España, Austria, Francia, Uruguay y Chile que se darán cita del 2 al 8 de octubre del corriente, llevando sus propuestas artísticas a los diferentes espacios escénicos del país: Teatro Luis Poma, Teatro Nacional de San Salvador, Teatro Nacional de Santa Ana, Teatro Nacional de San Miguel, Centro Cultural Alfredo Espino, centros penales y de reinserción femenina, hospitales, hogares de ancianos y en comunidades con difícil acceso al arte.

La primera actuación de este Festival ha estado la presentación del Ensamble de Cuerdas LiberArte. Este quinteto está conformado por jóvenes ex residentes del Centro de Programas para la Inserción Social Femenino Ilopango, hoy en libertad que recibieron y reciben el apoyo de TNT en su formación artística y musical en un proyecto compartido con Huacal.

Una demostración artística de gran calidad que además de emocionarnos queriamos compartir con nuestros amigos y amigas de Cataluña y El Salvador.



28/9/17

El juicio por El Mozote continúa su lenta marcha


Un año después de que la Amnistía fuera declarada inconstitucional, el juicio penal por la masacre de El Mozote (1981) es el único crimen de guerra que se mueve en los tribunales salvadoreños. El caso se tramita con leyes antiguas: los abogados no puede preguntar directamente a los testigos, el juez dirige la investigación y ha citado a peritos como los antropólogos argentinos que hicieron exhumaciones hace 15 años. Los testigos cuentan los horrores que pasaron y cómo escaparon de la brutalidad del Batallón Atlacatl. Pero aún no hay pruebas que vinculen directamente a los acusados. El tiempo está del lado de los perpetradores de la peor masacre de América Latina el siglo pasado.

El jueves 21 y viernes 22 de septiembre, el juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera recibió los testimonios de cuatro personas: víctimas y familiares de víctimas de un operativo de tierra arrasada que acabó con la vida de un millar de personas en El Mozote (Arambala, Morazán) y lugares aledaños, entre el 10 y 12 de diciembre de 1981.

Estos testimonios no son solo una medida restaurativa, no es solo para que algunos viejos militares pidan perdón. Al final de este juicio, 18 altos mandos del Ejército de 1981 podrían ir a la cárcel, entre ellos el exministro de Defensa, Guillermo García. Pero hay algo más importante, el cumplimiento de uno de los puntos más vilipendiados de los Acuerdos de Paz: la superación de la impunidad. Un año y dos meses después de la eliminación de la Amnistía, El Mozote es el único caso de la guerra civil salvadoreña que avanza en los tribunales.

María Teófila Pereira (54 años) dijo que, tras la masacre, pasó escondiéndose un año y, cada vez que regresaba al caserío El Cantarito, veía cómo los perros se disputaban los brazos de los niños que habían sido asesinados. Amanda Martínez (63 años) dijo que escuchó a soldados que decían “hoy les llegó la hora, guerrilleros de La Joya”. Eustaquio Martínez (67 años), hermano de Amanda, dijo que encontró a sus hijos muertos a balazos y algunos degollados. Lucila Romero (49 años) dijo que se escondió en una maicillera cuando llegó la tropa y que, cuando algunos soldados se acercaron a ella persiguiendo a unas gallinas, pensó que su vida había terminado.

Cuando el juez les pregunta cuál es su interés en declarar, los cuatro contestan lo mismo: que se haga justicia.

Seguir leyendo articulo en El Faro

24/9/17

Encuentro de bordadoras de la memoria


El Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) organiza este fin de semana, 24 y 25 de septiembre el Encuentro de bordadoras de la memoria en el centro juvenil Los Quebrachos en Segundo Montes en Morazán. 

Con este encuentro se busca reunir al grupo de mujeres que participaron en los talleres de bordados en el refugio de Colomoncagua en el conflicto armado.  Se pretende también reunnir a hombres, jovens, niños y niñas que puedan unirse con sus relatos de vida en los campamentos.

Una nueva actividad del MUPI que queremos apoyar desde estas líneas...

3/9/17

Una salvadorenya es revolta contra l’empresa Coca-Cola per l’ús de l’aigua


Habitualment els diaris catalans no dediquen gaire atenció a El Salvador (com a un munt de països d'arreu) sinó és per mostrar violències i desastres humans o naturals, tan és així, que quan es dóna una informació difícilment es fa una anàlisi gaire critica o ben informada i es tendeix a caure amb el sensacionalisme. Per això, avui des de Huacal volem compartir amb interès l'article de Majo Siscar publicat al diari ARA amb el títol La dona que li ha guanyat la batalla a Coca-Cola que ha tractat una situació d'abús i explotació per part de la multinacional de begudes ensucrades d'una manera crítica i professional.

Però abans de la seva lectura també recordar (com es pot llegir en un dels comentaris de l'article) que el Govern de la Generalitat ha donat la Creu de Sant Jordi a Sol Daurella cap de Coca-Cola a Espanya... potser no és aquest reconeixement el que es mereix la multinacional...

"Sonia Judith omple càntirs d’aigua d’un pou a només deu metres del riu Acelhuate, el més contaminat del Salvador. “L’aigua per beure l’agafem de la font. L’aigua del pou només la utilitzem per rentar roba. Però hem de fer torns per netejar-lo perquè, quan el riu puja, s’embruta”, explica mentre assenyala el seu marit, que treu cubells de fang i aigua pudent d’un altre forat a prop del marge del riu. “La brutícia s’acumula aquí, ens arriba la merda dels que sí que tenen aigua”, es queixa el Jesús, que treballa amb l’aixada per treure el fang. S’hi acumulen plàstics, ferralla i algun animal mort ple de mosques. 

Fins a la localitat de Nejapa, a només 35 quilòmetres de San Salvador, arriben les aigües residuals del cinturó industrial de la capital. En canvi, allà no hi ha ni clavegueram ni canalons. La Sonia i el Jesús no han tingut mai una aixeta a casa seva, malgrat que al municipi on viuen s’hi situa l’aqüífer que proporciona aigua per produir la coca-cola que es beu a tota l’Amèrica Central. 

Mentre la Sonia i el Jesús són al riu, arriba una senyora baixeta, morena i amb un posat sever. “Mila, quan ens portaran l’aigua a la nostra comunitat?”, li pregunta la Sonia amb familiaritat. “Aquest any ha d’arribar, no us desespereu. Així ho vam acordar”, contesta la Mila, com tothom coneix la Milagros Guevara, que fa dos anys va liderar la mobilització de les dones del seu poble contra Industrias La Constancia, l’empresa local que té la concessió de Coca-Cola. 

Per produir cada litre d’aquest refresc es necessiten almenys dos litres d’aigua. El 2015 l’empresa va anunciar que augmentaria la seva producció i que extrauria més aigua de l’aqüifer, tot i que un 40% de la població de Nejapa no tenia aigua potable. “Quan ens en vam assabentar, la gent va explotar. És un pecat que nosaltres no tinguem aigua neta i que les empreses s’enriqueixin més i més”, explica la Milagros. 

Durant un mes sencer les veïnes de Nejapa van ocupar les instal·lacions de Coca-Cola. “Les dones som les que patim més no tenir aigua. Jo mateixa a vegades havia d’anar a rentar la roba al riu a les dues de la matinada, perquè després havia de fer-me càrrec dels fills i sortir a vendre menjar o a cosir roba per guanyar diners”, recorda ara la Milagros, mentre mostra satisfeta una aixeta a casa seva i la canalització d’aigua que l’empresa va realitzar arran de les mobilitzacions. Al barri de la Sonia i el Jesús encara no han fet obres, però Coca-Cola es va comprometre a sufragar la canalització d’aigua d’unes vint mil persones a Nejapa com a compensació per l’ús de l’aqüífer. 

A la part alta del mateix municipi, al cantó de San Jerónimo Los Planes, ni l’empresa escolta els veïns. Fins i tot l’escola pública depèn d’un sistema rudimentari de recollida d’aigua de la pluja perquè l’administració no vol pagar el cost d’una bomba que impulsi l’aigua fins als mil vuit-cents metres d’altitud on se situa el cantó. 

Al Salvador hi plou el triple que a Londres. Malgrat això, una de cada deu persones no té aigua a casa. No es considera un bé públic. Si algú té o construeix un pou a casa, pot explotar-lo tant com vulgui. Tampoc se sanciona la contaminació de l’aigua. 

Per abaratir costos, el govern del Salvador pretén canalitzar l’aigua dels rius però, com a Nejapa, el 95% de les aigües de la superfície estan contaminades. “Les aigües residuals van a parar als rius, però el nostre país no té els 100 milions de dòlars que costa connectar una planta de tractament d’aigües a la xarxa de San Salvador”, reconeix sense embuts la ministra de Medi Ambient i Recursos Naturals, Lina Pohl. 

La societat civil pressiona des del 2003 perquè s’aprovi una llei general d’aigües que en reguli l’ús, però topa amb l’oposició de les classes altes. “Hi ha massa interessos en la privatització de l’aigua. Qui té poder adquisitiu per tenir, per exemple, una cisterna, es dedica a embotellar aigua. Per això no s’arriba a un consens de llei. Qui surt perdent és la població rural”, diu Samuel Ventura, director executiu de l’organització ACUA. 

A mesura que avança el dia, la calor esdevé enganxifosa al poble de la Milagros. La seva filla, que també va participar en les mobilitzacions, obre una ampolla de coca-cola. “Ai, filla, ni un cèntim, ni un cèntim els dono jo a aquests!”, exclama la Milagros.

6/8/17

Èxit en la presentació de "El misterio de Europa" de J.S. Jandres



Avui volíem compartir unes imatges i comentar l'èxit de l'acte de presentació del llibre "El misterio de Europa" de l'escriptor salvadorenc José Santos Jandres que va tenir lloc ahir organitzat per l'Associació 1punt5, el restaurant El Pulgarcito i nosaltres mateixos, Huacal ong de solidaritat amb El Salvador.

Josè Santos Jandres escriptor, poeta i artista afincat fa força anys a Milà (Itàlia) ens va presentar la seva novel·la "El Misterio de Europa" en una interessant tertúlia amb el company Silvio Aquino on es va parlar de la situació social i política actual a Europa, dels fenòmens migratoris i les societats interculturals, de les polítiques econòmiques generadores de desigualtat i racisme, de la situació política a Itàlia, país d'Europa amb més migrants salvadorencs, i del futur paper dels nouvinguts en la construcció d'una nova societat. Cal felicitar-nos per l'assistència i la participació dels presents... fou una vespre molt acollidor i interessant...



Us deixem amb algunes imatges de l'acte i amb algunes frases de l'escriptor... i esperem poder tornar a coincidir l'any vinent amb la presentació d'una nova novel·la...

 "Uno está más cerca de El Salvador cuando escribe" 

 

"Querria una Europa que crezca en dignidad, pero la realidad global no va en este camino"

 

 "Habitualmente los migrantes escribimos sobre nuestra tierra de origen, aquí queria escribir sobre como vemos la tierra de acogida"

 

 "Publicar un libro también es una responsabilidad" 


5/8/17

Presentació del llibre "El misterio de Europa" de José Santos Jandres


Avui 5 d'agost a les 20h tenim el plaer de convidar-vos a la presentació del llibre "El misterio de Europa" de l'escriptor salvadorenc José Santos Jandres. 

Aquest acte organitzat conjuntament per l'Associació 1punt5, el restaurant El Pulgarcito i nosaltres mateixos, Huacal ong de solidaritat amb El Salvador, tindrà lloc al Restaurant El Pulgarcito al carrer Indústria, 172 (metro L5 Sant Pau-Dos de Maig) de Barcelona. 

Josè Santos Jandres és un escriptor i artista afincat fa força anys a Milà (Itàlia) que ens acompanyarà per presentar la seva novel·la "El Misterio de Europa" i amb qui, mitjançant una tertúlia oberta, parlarem de política, d'Europa, de El Salvador, de migracions, de xocs culturals, de macroeconomia i de molts més temes d'actualitat. 

US HI ESPEREM !!!

3/8/17

En moviment a l'Amèrica Llatina



Article aparegut a les Noticies de Barcelona Ciutat Refugi aquest juliol del 2017

Refugi. Les peticions d’asil procedents de ciutadans de l’altra banda de l’Atlàntic s’han disparat. Prop de la meitat de les persones refugiades ateses pels serveis municipals de Barcelona són originàries de Veneçuela, Colòmbia, Hondures i el Salvador. 

La convulsa situació política i social i la violència que viuen alguns països llatinoamericans està provocant el desplaçament forçat de milers de persones. Prop de la meitat de les persones refugiades que va atendre el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) entre els mesos de gener i juny d’aquest any provenen d’estats de l'Amèrica del Sud i Central. Quatre nacionalitats concentren majoritàriament la demanda d’atenció: la veneçolana, la colombiana, l’hondurenya i la salvadorenya. Juntament amb la ucraïnesa, són les cinc que més presència tenen en aquest servei municipal.

Veneçuela és el primer país de procedència pel que fa al nombre de persones: 517. Colòmbia és el que més ha crescut: la demanda d’atenció s’ha multiplicat per 7 en relació amb el mateix període de l’any passat, de 21 a 151 persones. El nombre de persones ateses originàries d’aquests quatre països no només s’incrementa any a any, sinó mes a mes des que va començar aquest any.

Les dades del SAIER, a una escala molt reduïda, són un reflex i una conseqüència del que està passant a l’Estat. L’any passat, els veneçolans van ser per primer cop la primera nacionalitat de sol·licitants de protecció internacional a l’Estat espanyol, per davant dels sirians. En total, i segons dades de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR), 3.960 persones procedents de Veneçuela van demanar asil a l’Estat, gairebé set vegades més que l’any anterior, en què ho van fer 596 persones. L’increment, a escala estatal, va superar el 564% en un any.

La convulsa situació política i la crisi de l’economia nacional expliquen l’èxode que viu Veneçuela


La CEAR explica l’increment general del nombre de sol·licituds d’asil presentades a Espanya el 2016 precisament a causa de l’èxode veneçolà, de la mateixa manera que van augmentar el 2015 a causa del conflicte sirià. “La recrudescència de la convulsa situació política i la crisi de l’economia nacional expliquen aquest èxode, que també s’està dirigint als Estats Units”, afirma l’informe del 2017. En el gegant americà, els veneçolans també van encapçalar les demandes d’asil el 2016 per primer cop, amb més de 18.000 peticions, més del triple que l’any anterior.

El clima de violència política entre el Govern de Nicolás Maduro i l’oposició, el col·lapse econòmic d’un dels països més rics de la regió, l’escassedat de medicaments i de productes de primera necessitat i l’augment de la criminalitat associada a la delinqüència comuna està empenyent molts veneçolans a marxar i buscar seguretat més enllà de les seves fronteres. Si anys enrere, en època d’Hugo Chávez, havia estat la classe social més benestant la que marxava del país, ara ho fan les classes mitjanes i populars.


Cap a Colòmbia i des de Colòmbia

Els Estats Units, en primer lloc, seguit d’Espanya, el Brasil i el Perú són els principals països on la diàspora veneçolana està demanant asil. Segons les estadístiques de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), a finals del 2016 hi havia 29.105 veneçolans esperant resposta a la seva sol·licitud de protecció als EUA, 4.435 a Espanya, 4.302 al Brasil i 3.553 al Perú.

Amb tot, no hi ha dades de quants veneçolans hi ha en moviment i de quants estan creuant les fronteres terrestres i migrant de manera irregular als països veïns, Colòmbia i el Brasil, però es calculen que són desenes de milers. Creuen diàriament la frontera, per comprar medicaments i menjar o per establir-s’hi, buscar-s’hi la vida o sol·licitar-hi protecció.

Pel que fa a Colòmbia, es dona un flux invers al que durant dècades hi ha hagut entre els dos països. L’ACNUR calcula que 340.000 colombians viuen refugiats a l’exterior, prop de 172.000 dels quals, una mica més de la meitat, es troben a Veneçuela. D’aquestes persones, prop de 9.000 estan reconegudes com a refugiades. La resta, les que no estan registrades i no tenen protecció, estan patint també les conseqüències de les tensions polítiques i econòmiques que viu el país. Amb tot, i segons l’oficina de l’ACNUR, el 90% s’hi volen integrar i no volen retornar a Colòmbia per por de l’activitat de diversos grups armats a les seves zones d’origen.

Tot i l’acord de pau, a Colòmbia la situació continua sent volàtil, fet que provoca el desplaçament forçat de persones


Tot i l’acord de pau final que van subscriure el Govern colombià i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) el novembre del 2016, la situació al país continua sent volàtil i la violència d’altres actors armats segueix provocant el desplaçament forçat de persones i la fugida a l’exterior. Si Síria és el país del món amb més persones refugiades, amb més de 5 milions de sirians a l’exterior, Colòmbia és el que té un nombre més gran de persones desplaçades internament, dins les seves fronteres. El febrer del 2017 l’ACNUR calculava que eren 7,3 milions, gairebé el 15% de la població colombiana.

Les peticions d’asil de ciutadans colombians s’han incrementat molt a Espanya des de l’any passat, probablement perquè el 2015 la Unió Europea va suprimir la necessitat de disposar d’un visat Schengen per a les persones originàries d’aquest país, la qual cosa els ha facilitat l’arribada a l’Estat. Colòmbia va ser el 2016 el cinquè país d’origen dels sol·licitants de protecció internacional a Espanya. L’increment del 2015 al 2016 ha estat del 377%, de 129 a 615 peticions.
El gruix dels peticionaris, segons la CEAR, són persones que han estat víctimes d’extorsió per part de bandes de grups criminals o d’actors dels conflictes.

Fugint del triangle nord 

També el Salvador (sisè) i Hondures (setè) han escalat posicions a la llista de països d’origen dels sol·licitants de protecció internacional a Espanya. L’any passat es van situar per primer cop entre els 10 primers, amb 425 i 385 peticions, xifra que suposa un augment del 212% i del 160% en relació amb l’any anterior. Pel que fa a Barcelona, el SAIER ha atès 170 salvadorenys i 225 hondurenys durant els sis primers mesos d’aquest any, un 130% i un 463% més que en el mateix període del 2016.

Tots dos països centreamericans comparteixen una mateixa problemàtica violenta, que també afecta el tercer país de l’anomenat triangle nord, Guatemala: les bandes o maras i altres organitzacions transnacionals que duen a terme una activitat criminal generalitzada: extorsions, reclutaments forçats, violència sexual i de gènere, i violència contra infants i adolescents.

Una recerca desenvolupada per Amnistia Internacional als tres països va concloure l’any passat que la violència és un factor clau d’expulsió actualment a el Salvador i Hondures i que ha augmentat greument en els darrers anys. “Els nivells de violència i l’increment del territori controlat per les bandes afecta el dret de les persones a la vida, la integritat física, l’educació i la llibertat de circulació”, afirma l’organització de drets humans, que denuncia la impunitat dels crims i la manca de protecció oferta pels governs regionals.



Segons l’ACNUR, les dones i les persones LGTBI són perfils de risc als països on operen les bandes criminals conegudes com a maras


L’ACNUR considera “perfils de risc”, necessitats de protecció, totes les dones, els menors i els joves que viuen en zones on operen les maras, i les persones perseguides per les maras, bé perquè no respecten la seva autoritat, perquè les extorsionen o perquè han estat víctimes o testimonis de delictes que han comès. També totes les persones LGTBI.

La violència de les bandes i les dificultats socioeconòmiques provoquen el desplaçament intern de milers de persones i, cada cop més, la fugida cap a països veïns, especialment cap als Estats Units. L’any passat hi va haver 55.594 salvadorenys, 32.617 hondurenys i 45.508 guatemalencs peticionaris de protecció en aquest país. En conjunt, el nombre de sol·licituds es va incrementar en un 597% entre el 2010 i el 2015.

La CEAR la considera la crisi de refugiats més invisible de l’actualitat i denuncia que tot i que l’ACNUR considera la violència de les maras un motiu de protecció i que aquest és el perfil de moltes persones que arriben a Espanya “la resposta del Govern ha estat la denegació sistemàtica o la prolongació sine die de la instrucció dels expedients” d’asil.
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